El Gobierno cifra en 32 por 100.000 habitantes, las plazas para acoger a los menores migrantes
- La mayoría de las Comunidades cuentan con menos plazas para menores migrantes de lo que les tocaría por población, excepto las insulares, Ceuta y Melilla
- Madrid tendría que ampliar en 83 las 2.352 plazas de menores con las que actualmente atiende, pero la Comunidad rechaza "entrar en el juego" del Gobierno hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el decreto de reparto
La mayoría de las comunidades autónomas están por debajo de su capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes no acompañados, según la hoja de ruta presentada este miércoles a las comunidades autónomas por el Ministerio de Juventud e Infancia.
Es decir, casi todas las regiones deberían ampliar el número de plazas destinadas a este fin si se tuviese en cuenta exclusivamente el criterio de población.
Así consta en la hoja de ruta que el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha presentado en la Comisión Sectorial a los directores generales autonómicos.
La tabla recoge los datos de la capacidad ordinaria correspondiente a cada territorio para acoger a los más de 15.000 menores migrantes no acompañados que hay en España.
Concretamente, establece una capacidad media del sistema de 32 niños y jóvenes por cada 100.000 habitantes.
De este modo, se entiende como capacidad ordinaria de cada territorio el número de plazas que debe tener en función de su población.
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El Ministerio ha llegado a esta hoja de ruta tras estudiar los datos facilitados por las comunidades autónomas. Si bien, Aragón no ha aportado al Gobierno su cifra de acogida y Baleares, Comunidad Valenciana y Galicia no lo ha hecho como el departamento que dirige Sira Rego había requerido hasta en dos ocasiones desde marzo.
ARCHIPIÉLAGOS Y CIUDADES AUTÓNOMAS, SOBREOCUPADAS
Según datos del Ministerio de Juventud e Infancia, Canarias y Ceuta estarían en posición de solicitar la contingencia migratoria.
Canarias es la comunidad que tiene mayor número de plazas de menores migrantes no acompañados, con 5.566, frente a las 718 que debe tener, según los cálculos del Ministerio. Por lo tanto, el archipiélago tendría que disponer de 4.848 menos.
Mientras, Baleares tiene 622 plazas para menores migrantes no acompañados, frente a las 396 que le corresponderían (226 más).
En el caso de las ciudades autónomas, Ceuta tiene 526, de las 27 que le corresponderían (499 más), y Melilla 193 frente a 28 (165 más).
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A diferencia de las islas y las ciudades autónomas, las demás autonomías tendrían que ampliar su red de plazas para menores migrantes no acompañados en base al criterio de capacidad ordinaria.
Según el documento del Ministerio, tendrían que crear más plazas para llegar a la cifra que marca su capacidad ordinaria Andalucía (1.378 más); Comunidad Valenciana (1.216); Galicia (620); Castilla y León (565); Castilla-La Mancha (501); Extremadura (260); Asturias (214); Aragón (212); Murcia (195); Cantabria (148); Cataluña (136); La Rioja (89); País Vasco (79) y Navarra (49).
En el caso de la Comunidad de Madrid, esta dedicaría actualmente el 92% de su sistema de acogida a atender a menores migrantes no acompañados, con 2.352 plazas para menores (españoles y extranjeros).
Esta cifra solo la superan Canarias (107,56%) y Ceuta (116,89%).
Por lo tanto, calculada la diferencia entre la capacidad ordinaria y el número de plazas, Madrid tendría que ampliar estas en 83.
No obstante, en esta hoja de ruta solo se tiene en cuenta el criterio de capacidad ordinaria de acogida.
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En el caso de traslados de menores migrantes desde comunidades sobreocupadas, como Canarias, se van a tener en cuenta otros criterios, como la renta per cápita, el esfuerzo previo o los niveles de desempleo de la región.
El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, tras la reunión plenaria de la comisión técnica volvió a reclamar el "consenso entre administraciones" pero advirtió "si no puede ser por consenso, el real decreto ley va a seguir operando".
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Por su parte el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha rechazado "entrar en el juego" del Ministerio de Juventud e Infancia hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre el real decreto ley aprobado en marzo en el que se recogía esta distribución.
"Las comunidades autónomas hemos rechazado entrar en el juego del Ministerio de Juventud e Infancia, porque no queremos ni por acción ni por omisión validar unos criterios que se nos han impuesto, como se quiere imponer un reparto de menores", han informado fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales a Europa Press.
Además, han criticado que el Gobierno central vuelva "a ningunear a las comunidades autónomas". "Sigue sin contar con nosotros y lo único que quiere hacer es validar sus actuaciones ilegales", han apuntado.
La Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia tiene previsto reunirse el próximo mes de junio.
